El País, 30/09/2019 (enlace)

Tras debate acerca de si la figura central de nuestras democracias es el intelectual, el experto o el tertuliano (suscitado por Fernando Vallespín en estas páginas el pasado 1 de septiembre) se esconden diversas maneras de entender la relación entre conocimiento y democracia. ¿Debemos confiar en la autoridad moral de los intelectuales, en la objetividad de la ciencia y los expertos o en la opinión común de la gente? Es indudable que nuestros sistemas políticos necesitan dotarse de mayores recursos cognitivos para hacer frente a los problemas que tienen que gestionar. La pregunta es si esto se consigue mejor confiando en unas figuras excelsas o en la gente corriente.

Las democracias son los sistemas políticos que mejor aprovechan el saber distribuido de la sociedad contemporánea, que producen una mejor legislación y unas políticas públicas de mayor calidad. Cuando Charles Lindblom habló de “la inteligencia de la democracia” en los años 60 estaba formulando, al mismo tiempo, una constatación de hechos y un requerimiento. Las democracias son los sistemas políticos más inteligentes pero son también los que requieren desarrollar más inteligencia colectiva si quieren mantener sus estándares de legitimidad. Por supuesto que la legitimidad democrática se ve reforzada cuando nuestros sistemas políticos, gracias a que potencian su capacidad cognitiva, ofrecen mejores resultados, pero no tenemos democracia gracias a nuestro conocimiento sino en virtud de nuestra ignorancia. Las democracias son mejores que sus modelos competidores no solo por los valores que promueve sino también por la inteligencia que institucionaliza. Las dictaduras, las oligarquías y las aristocracias de los expertos no tienen ninguna superioridad epistémica ni están libres de errores de quienes supuestamente saben más. La democracia, tantas veces disfuncional, sigue siendo epistémicamente imbatible porque cultivan mejor que otros sistemas políticos la división del trabajo, los hábitos deliberativos y la multiplicación de las fuentes de información. Las democracias lo hacen mejor a este respecto que sus modelos alternativos. Existe democracia porque desconocemos lo que hay que hacer y hemos diseñado nuestras instituciones de manera que se aproveche mejor el saber de la sociedad. Nuestros sistemas políticos están atravesados por el debate entre quienes quieren que gobierne quien más sabe y quienes sospechan de que no habrá libertad si quienes gobiernan lo hacen apelando a que son quienes más saben. La democracia requiere conocimiento pero se justifica por el desconocimiento.

El saber es uno de los principales recursos del gobierno, pero se encuentra actualmente muy limitado. Estas limitaciones se ponen especialmente de manifiesto en ciertas asimetrías cognoscitivas a las que el poder político no estaba acostumbrado, más bien al contrario. Por un lado, en una sociedad del conocimiento los estados ya no tienen enfrente a una masa informe de ignorantes sino a una inteligencia distribuida, una ciudadanía más exigente y una humanidad observadora. Por otro lado, el aumento de la complejidad de los problemas que la política debe resolver se traduce en una disminución de las competencias cognitivas del poder político, muchas de cuyas dificultades proceden no tanto de que no pueda como de que no sabe. Este desafío tienen lugar en un momento en el que la política debe aprender a tomar las decisiones con un conocimiento incompleto, en entornos de incertidumbre.

A diferencia de otros sistemas de gobierno que se apoyan en las (supuestas) capacidades extraordinarias de algunos individuos (teocracias, monarquías, aristocracias, dictaduras…), la democracia es especialmente vulnerable a las debilidades de la naturaleza humana porque se sustenta en las propiedades de las personas ordinarias. El que gobiernen los mejores es o bien una casualidad o, mejor, algo debido a la inteligencia de un sistema institucional, más que a una correcta selección de personal. Aunque podemos entender la aspiración a ser gobernados por los mejores, esta misma formulación no deja de ser cuestionable. ¿No hay en este prejuicio un resto de aquel pensamiento según el cual los seres humanos sólo pueden ser gobernados por algo que esté por encima, dioses o superhombres? ¿Por qué nos sorprendemos y escandalizamos tanto cuando descubrimos que quienes nos gobiernan tienen debilidades y cometen errores? ¿Acaso nuestros sistemas políticos no están llenos de disposiciones para que esos errores puedan corregirse y no hagan demasiado daño, como los plazos tras los cuales el poder se revalida o no, las garantías constitucionales, la división de poderes, los instrumentos de responsabilidad y rendición de cuentas?

La última razón de la democracia y de la inteligencia de sus instituciones es que gestiona mejor la ignorancia que cualquier otro sistema político. No hay democracia a pesar sino en virtud de la ignorancia pública. Existen cosas objetivas, por supuesto, pero la mayor parte de lo que entendemos por política tiene muy poco que ver con ellas. Quien, como visionario o experto, se crea en disposición de monopolizar la objetividad producirá grandes distorsiones en la vida política. Una de las principales razones para utilizar con sumo cuidado la expresión “verdad” en política tiene que ver con la experiencia histórica de en cuántas ocasiones creerse en posesión de ella ha servido para olvidarse de otras dimensiones de la convivencia más necesarias. Que las tiranías ideológicas o tecnocráticas hayan abusado de la verdad no dice, en principio, nada en contra de la verdad, por supuesto, pero parece recomendable que el debate político se sitúe siempre que sea posible en otros términos. Hay muchos asuntos políticos que no son categorizables conforme a las calificaciones de lo verdadero y lo falso, o que siendo verdaderos no son políticamente realizables, por diversos criterios que también forman parte del elenco de dimensiones y valores con los que opera la razón política.

La ignorancia suele tener una connotación peyorativa y personaliza esa incompetencia en ciertos ciudadanos o políticos, pero no advertimos ni su carácter general (se trata de una incompetencia sistémica más que de los agentes políticos concretos) ni su inevitabilidad (estamos realmente sobrepasados por la naturaleza de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos). Y mucho menos se considera que esa ignorancia pueda ser la causa de que tengamos sistemas políticos democráticos.

¿Por qué hemos pensado siempre que la ignorancia nos hacía desiguales, justificaba el poder de las élites y los expertos, y no hemos advertido que puede ser un factor de igualación ya que, en el fondo, todos somos ignorantes frente a la envergadura de los problemas que tenemos que resolver?

La democracia sería precisamente una organización política de la sociedad que no se apoya tanto en lo que sabemos (autoridad de los expertos y los intelectuales, irrevisabilidad de los acuerdos constitucionales, sospecha hacia la disidencia, evitación del conflicto a cualquier precio) como en la necesidad de considerar que la ignorancia es un recurso (que todo poder tiene que permitir su resistencia del mismo modo que cualquier tesis científica está abierta a su refutación). Todas las instituciones de la democracia se apoyan a fin de cuentas en la ignorancia, le confieren un valor y la protegen como su verdadera razón de ser.

Desde este punto de vista, teniendo en cuenta que la democracia gestiona nuestra inmensa ignorancia y no el pequeño saber de que disponemos, el modelo del tertuliano representa mejor ese régimen de opinión que es el sistema democrático, lo encarna mejor que el profeta intelectual, con su tufillo de superioridad moral, y que los expertos que se creen con el monopolio de la exactitud y la objetividad.