El Correo (enlace) y Diario Vasco (enlace), 2/05/2021 

La digitalización facilita la comunicación hasta tal punto de que otorga un altavoz a cualquier persona o grupo. De entrada, esta economía de la comunicación podría ser considerada como una gran oportunidad para la democracia liberal. En principio, cuanto más actores dispongan de la capacidad de hacerse oír, menos voces marginalizadas habrá y más empoderamiento de la gente para intervenir en la conformación de la opinión pública. Ahora bien, tenemos la experiencia de que esta misma apertura ha caotizado nuestros entornos informativos no solo porque haya quienes estén haciendo un mal uso de esa libertad sino porque la propia naturaleza de esos nuevos espacios abiertos produce una desorientación particular. Se trata, por tanto, de un fenómeno en el que se mezclan oportunidades de democratizar la información con gangas para el desinformador. Si examinamos lo primero sin perder de vista lo segundo podremos identificar hasta qué punto cabe luchar contra la desinformación y en qué medida es legítimo este combate.

El combate contra la desinformación plantea de entrada dos problemas, uno epistemológico (cómo establecer la diferencia entre opinión o noticia equivocada y mentira expresa) y otro de legitimidad (cuándo estaría justificada una intervención contra quien las propaga). Si el primer problema nos introduce en el difícil terreno de la verdad, el segundo lo hace en el no menos resbaladizo de la autoridad. Supongamos que es posible en todo momento distinguir lo verdadero de lo falso, que ya es mucho suponer, tendríamos que disponer además de una autoridad legítima para prohibir y sancionar lo calificado como falso.

Una sociedad democrática se caracteriza por proteger celosamente la libertad de expresión y limitar al máximo la intervención represiva en el espacio de la opinión. Un largo aprendizaje histórico nos ha llevado a la conclusión de que los errores no son tan peligrosos para la democracia como la persecución del error. La equivocación no es un problema especialmente grave para la democracia, mientras que sí lo sería dotar de autoridad a alguien para establecer qué es verdadero o falso. Por eso las sociedades democráticas miran con especial recelo cualquier limitación de la libertad de expresión y especialmente aquellas que tratan de justificarse apelando a la verdad o la falsedad.

Al mismo tiempo, resulta evidente que el actual volumen de desinformación nos obliga a regular este espacio de un modo que sea eficaz y proporcionado. ¿Cómo resolver este dilema? A la hora de justificar una intervención coactiva, limitadora o sancionadora en el espacio público, hemos de encontrar una justificación que no sea apelar a que el contenido de lo que se difunde es falso. El concepto de difusión de falsa información es problemático ya que en las democracias liberales no hay ni puede haber ningún consenso acerca de qué es verdadero y qué es falso, más allá de los acuerdos puntuales o procedimentales. El criterio que puede ayudarnos a este respecto es la distinción entre falso y falsificado. El problema no sería la propagación de algo falso, lo que hacemos todos muchas veces cuando expresamos una opinión equivocada o damos como noticia lo que luego se prueba como inexacto o erróneo, sino de algo deliberadamente falsificado. Propiamente hablando, las fakes news no son noticias falsas sino falsas noticias.

En sentido estricto, las fake news no expresan ninguna opinión o noticia que su propagador tenga y por eso no están protegidas por la libertad de expresión propia de las democracias. Esta es la razón de que sea legítimo combatir, desde los principios de la democracia liberal, todo lo que pueda identificarse incontestablemente como una falsedad consciente, pero carecería de sentido prohibir lo falso, entre otras razones porque la falsedad puede contribuir a la deliberación colectiva. La deliberación democrática permite la equivocación y puede vérselas con información falsa, pero la falsedad deliberadamente producida erosiona la deliberación colectiva. El problema de las fake news no es su inexactitud o falsedad, ya que hay informaciones que se transmiten con la mejor intención y resultan ser falsas. Lo que caracteriza en sentido propio a las fake news es que quien las propaga es consciente de su falsedad o, dicho de otra manera, las comunica desde una indiferencia hacia la verdad.

Evidentemente con esto no estamos ofreciendo una fórmula exacta que permitiera distinguir indiscutiblemente una cosa de otra; unos seguirán sosteniendo que las cosas son como ellos (equivocadamente) las ven y otros señalarán que detrás del error hay una mala voluntad intencional. Pero tenemos al menos un criterio para diferenciar la maldad del error que nos permitirá ponderar la justificación de posibles medidas sancionadoras.

Quien expresa con sinceridad una opinión que otros consideran falsa (y que tal vez lo sea) está haciendo uso de su libertad de expresión y realiza una contribución, al menos en su intención, a la deliberación colectiva. La conversación democrática se nutre de todo de tipo de opiniones y, dentro de unos límites de respeto y voluntad de veracidad, hasta las opiniones más peregrinas y los errores sirven para enriquecerla. Lo que sería incompatible con los principios de la democracia liberal es difundir informaciones que se saben falsas, así como sancionar cualquier difusión de informaciones falsas atribuyendo a su autor el conocimiento de su falsedad. La democracia tolera la equivocación, pero no tanto la propagación intencional de lo falso y menos aún la autoridad ilimitada para decidir qué falsedades son inocentes y cuáles son culpables. Las informaciones falsas, a diferencia de la información equivocada o insuficiente, en la medida en que son intencionalmente producidas, erosionan ese recurso escaso de la sociedad democrática que es la confianza. La confianza es un bien común al que no dañan el error y la equivocación, pero sí la falsedad manufacturada.

Así pues, la legitimidad de la lucha contra la desinformación no se basaría en la falsedad de la información, ya que creer en algo erróneo y difundirlo está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Debe poderse constatar que no se trata de una opinión o una  noticia y no que sea falsa, es decir, ha de probarse que no quiere contribuir al debate público sino manipularlo. Una democracia soporta bastante bien las noticias falsas pero no tanto las falsas noticias.