El Correo / Diario Vasco, 2/05/2018 (enlace)

La política se desarrolla siempre un escenario cambiante, al que desde hace un tiempo se ha añadido una especial volatilidad, por lo que no estoy seguro de que lo que diga hoy vaya a seguir valiendo dentro de seis meses. Cualquier juicio que hagamos debería tomar en cuenta esta particular inestabilidad.

En lo que se refiere al futuro del autogobierno vasco la primera constatación es que el contexto ha ido empeorando de año en año: la competición entre las dos derechas nacionalistas españolas (PP y C’s) y los daños colaterales del proceso catalán han estrechado las posibilidades de una renovación ambiciosa y han aumentado los riesgos sobre su desarrollo futuro. No es fácil predecir si el PP va a continuar su deterioro o si Ciudadanos se revelará finalmente como una burbuja y esa relación de fuerzas se dirimirá en buena medida según cómo se gestione la cuestión territorial. Dado que para ambos parece más rentable la intransigencia que la voluntad de solución, el tiempo venidero no nos va a dar muchas oportunidades para un acuerdo que suponga un avance sustancial en el autogobierno. Además, es posible que se cumpla esa extraña ley por la cual la derecha suma cuando se divide y con la izquierda ocurre exactamente lo contrario. No habría que descartar la posibilidad de que se instale una nueva mayoría de derechas en las próximas legislaturas.

El Estado español no parece estar en condiciones de llevar a cabo un proceso sereno de deliberación acerca de su identidad, el modo de ejercer la soberanía y la distribución territorial del poder. Por si fuera poco, la proliferación de vetos cruzados hace muy difícil un acuerdo amplio en Euskadi. Aquí hemos pensado siempre el autogobierno desde la idea de que estábamos en un eje de evolución en el que lo conseguido estaba asegurado y sólo cabía mejorar, lo cual ha dejado de ser evidente. Puede que en el futuro inmediato nuestra preocupación fundamental sea más bien proteger lo que tenemos y no empeñarse en estrategias que puedan ponerlo en peligro. Por supuesto que el marco en el que se realiza ese autogobierno tiene muchas deficiencias, pero nada nos asegura que no pueda empeorar. La política es un ejercicio de responsabilidad. Lo que se puede obtener debe ser medido con lo que se podría perder, las oportunidades con los riesgos. Puede haber cosas peores que el statu quo.

Pese a todo, teniendo en cuenta tales dificultades y sin la prisa por un acuerdo táctico para aprovechar un momento que no está en el horizonte inmediato, las circunstancias parecen aconsejar un debate que persiga un acuerdo integrador.

Los grandes acuerdos han requerido siempre a lo largo de la historia que quienes llegaban a ellos hubieran sido conscientes de que continuar como hasta entonces les resultaba perjudicial a todos. En este caso concreto, aunque el asunto pueda no resultar urgente en el corto plazo, hay riesgos que unos y otros pueden vislumbrar como verdaderas amenazas. Quienes deseen un mayor autogobierno han comprobado que este no se encuentra plenamente protegido frente a las instituciones centrales y las dinámicas de renacionalización; quienes no parecen muy motivados a reformarlo deberían tomar en consideración el riesgo de que se produzca una creciente desafección y se desaten dinámicas disgregadoras. Lo que está sucediendo en Catalunya puede actuar como un incentivo para todos, de manera que cualquiera entienda que los procesos políticos que no se pactan terminan generando situaciones inmanejables. Con una visión de largo plazo es posible identificar esos riesgos y tener los incentivos para moverse hacia un acuerdo amplio y pactado.

Mientras tanto, sin prisa y rigurosamente, tendríamos que trabajar conjuntamente en una nueva formulación del llamado “derecho a decidir”, que actualmente parece un escollo insalvable, de modo que puedan reconocerse en él las diversas culturas políticas, ámbitos territoriales e identificaciones nacionales del País. Seguramente no será fácil, pero algo parecido ya se consiguió con la formulación de los derechos históricos de la Constitución y el Estatuto, por lo que no tenemos derecho a considerarlo un compromiso imposible y no intentarlo. Cabe incluso plantearlo de manera que lo que para algunos podría temerse como un desbordamiento del marco constitucional fuera en realidad una defensa de su carácter pactado y de la bilateralidad que de hecho ya se contiene en ese marco, aunque su desarrollo haya desnaturalizado buena parte de sus potencialidades.

Siempre he sostenido que la voluntad pactada de los vascos nos confiere muchos más derechos que la voluntad mayoritaria de los vascos. En cualquier caso, la cuestión no es si habrá pacto o no, sino tomar parte en un juego que perderá quien aparezca como el culpable de que no se haya alcanzado.