El Correo / Diario Vasco, 1/11/2017

Los conflictos se vuelven irresolubles cuando caen en manos de quienes los definen de manera tosca y simplificada; desde el momento en el que los problemas políticos se reducen a cuestiones de legalidad u orden público, cuando aparece una idea de legalidad que invita a los jueces a hacerse cargo del asunto, en cuanto se enfrenta un «nosotros» contra «ellos» de los que se ha eliminado cualquier atisbo de pluralidad y todos los matices de la pertenencia… a partir de entonces todo está perdido hasta que no recuperemos una descripción del problema que lo acepte en toda su problematicidad. Siempre me acuerdo, cuando nos resistimos a reconocer la complejidad del asunto que tenemos entre manos o la sociedad que hemos de gestionar, de la anécdota inglesa en la que alguien preguntaba acerca de cómo ir a Biddicombe y el interrogado contestaba: yo que usted no saldría desde aquí.

Será por mi profesión de filósofo, que nos inclina a complicar las cosas, pero siempre he sospechado de quien plantea los problemas y, sobre todo, las soluciones, con excesiva simplicidad, porque suele terminar suponiendo mala fe en quienes aún así todavía no lo vemos claro. No tengo la solución al problema territorial del Estado español y sería una arrogancia pretender que uno dispone de la verdadera descripción de lo que está pasando. Pero me atrevo a criticar que las descripciones dominantes son de una simpleza tal que no deberíamos sorprendernos de que todo se atasque después. Los términos del problema son, o no, el comienzo de la solución. Lo que de un tiempo a esta parte más me ha llamado la atención de unos y de otros es precisamente la inocencia con la que apelan a valores como «democracia», «estabilidad» o «legalidad», sorprendidos de que no todo el mundo se ponga inmediatamente de rodillas ante la evidencia y en disposición de cumplir las órdenes que emanen de tan incuestionable principio. Reconozcámoslo como inevitable punto de partida: lo de las naciones es un verdadero dilema y no tiene solución lógica sino pragmática, es decir, una síntesis pactada en orden a favorecer la convivencia, porque la alternativa es la imposición de unos sobre otros, el conflicto abierto en sus diversas formas.

El nudo gordiano consiste en que no hay nación sin dar por supuesto algo que en principio no se somete a discusión, como marco de referencia o sujeto de la soberanía. El pueblo no puede decidir hasta que alguien no decide quién es el pueblo. De hecho, cualquier sistema democrático es incapaz de resolver democráticamente la cuestión acerca de quién decide qué y remite siempre a un marco previo de soberanía. Como decía el politólogo Dahl, «los criterios del proceso democrático presuponen que el sujeto es el correcto». Cuando el sujeto es contestado, en aquellos casos en que hay un persistente cuestionamiento de la soberanía, porque unos entienden que su titular somos todos y otros que son una parte a la que consideran todos, ¿cómo resolvemos este dilema? No hay otra solución que pensar el demos como una realidad reflexiva, discutible, revisable y abierta. Por eso debe haber procedimientos para renovar o modificar el pacto que constituye nuestra convivencia política. Nuestro atasco procede de que estamos considerando las identidades políticas como datos irrefutables y no todos los ven así; muchos españoles no consideran legítimo que los catalanes decidan sin tener en cuenta su opinión y muchos catalanes están en desacuerdo en que su futuro se decida dando por sentado que son una parte de los españoles, algo que les impediría de hecho la mera posibilidad de salirse de un sistema de decisión en el que siempre serían minoría.

Después de darle muchas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que este dilema no tiene una solución lógica ni legal, que es imponer un marco de legitimidad como si se tratara de una evidencia incuestionable: que estas decisiones las deben adoptar todos los españoles o solo los catalanes; ambas propuestas son cuestionables y dan por sentado el marco desde el que ya queda predeterminada una única solución. Cuando las cosas están así, si descontamos la imposición de unos sobre otros como verdadera solución, la única salida democrática es el pacto. Pero si aceptamos esta posibilidad nos salimos del esquema que ha sido dominante durante los últimos años y que aspiraba a la victoria de unos sobre otros. Al insistir en el acuerdo frente a la victoria de unos sobre otros, modificamos radicalmente el campo de batalla. Porque entonces el eje de la confrontación ya no es el de unos nacionalistas contra otros, sino el de quienes quieren soluciones pactadas frente a quienes prefieren la imposición. Cambiemos la orientación y modificaremos los términos del problema: ahora se trataría de elegir no entre una nación u otra sino entre el encuentro y la confrontación, que de ambas cosas hay partidarios en uno y otro bando. Cuando el lehendakari Urkullu y la presidenta Barkos apuntan en esa dirección es porque quieren precisamente eso: que el juego no sea el conflicto entre las naciones sino el encuentro de las sociedades. Pueden ser tan abertzales como el que más y ese es el motivo por el que no nos abocan a un enfrentamiento estéril.

Miremos las cosas desde esa perspectiva y no encontraremos a la gente polarizada en torno a sus identificaciones sino preocupada por cómo hacer posible la convivencia entre quienes tampoco quieren renunciar a las diferencias que les constituyen. Quien gobierna con esa visión de la realidad social lo que se encuentra no son bloques homogéneos sino hombres y mujeres con identificaciones tan idiosincráticas que no se dejan reducir a categorías simplificadoras. Nunca el matiz fue tan liberador, nunca lo habíamos echado tanto de menos; si hubiera un bando de los matices (de los partidarios de tomar en consideración las razones de aquellos que están más alejados de nuestras posiciones, compuesto por quienes no se sienten arrebatados en momentos de exaltación colectiva, donde están los que se estremecen al ver que la discrepancia es despreciada como traición) tendríamos mayoría absoluta.