Artículo publicado en Diario de Noticias, 27/02/2014

Cuando concluyen los trabajos de la comisión de investigación por los graves acontecimientos que han convulsionado últimamente la política navarra, todo parece indicar que los principales actores entrarán ahora en una discusión acerca de lo lícito penalmente y lo correcto desde el punto de vista ético y político. Quienes apoyan al Gobierno de Navarra insistirán en que no se ha demostrado nada ilegal, nada que pueda tener un recorrido penal. Supongamos que esto es cierto, aunque tal vez sea mucho suponer. ¿Se zanjaría con ello el asunto que ha motivado la comisión de investigación? ¿No habría entonces nada que reprochar a los actuales responsables del Gobierno de Navarra?

Los gobernantes tienen que comportarse de acuerdo con su conciencia privada y con los límites que impone el código penal, por supuesto, pero ¿nada más? ¿No hay nada entre los tribunales y la conciencia personal, ningún criterio de ética pública que podamos exigir de quienes nos gobiernan? Por supuesto que lo hay y a eso se llama en los países más avanzados ética pública. Las exigencias de la ética pública son más extensas que el dictamen de la conciencia personal, pero también más amplias que lo que pueden sancionar los tribunales. Que uno tenga la conciencia tranquila no le convierte en políticamente competente, del mismo modo que tampoco la no imputación de los tribunales asegura haber actuado bien desde el punto de vista ético y político.

Para quienes ejercen la oposición, el recurso a los tribunales es un arma de doble efecto porque quienes todo lo confían en una sanción judicial se quedan con pocos argumentos políticos si finalmente los tribunales no encuentran nada sancionable. El caso de lo ocurrido con las dietas de la CAN es un buen ejemplo de ello: de cómo el recurso a los tribunales puede agotar la argumentación política de la oposición y de cómo los no imputados se creen confirmados en su competencia política. Para quien gobierna, apelar a que no se ha hecho nada ilícito es insuficiente porque hay conductas ética y políticamente reprochables que no están sancionadas por la legalidad.

Pero lo cierto es que hay una sanción ciudadana que se dirime en términos políticos y que en Navarra ya ha dictaminado que determinadas conductas son inapropiadas aunque puedan no tener una sanción penal. No hace falta hacer muchas encuestas para detectar esta valoración en la sociedad navarra, algo que a estas alturas no va a poder neutralizar ninguna campaña publicitaria que lo intente transformar en una operación de acoso a un gobierno impecable o convirtiendo en razón de estado lo que no es más que una cuestión de higiene democrática. Esta es otra de las razones que hacen más necesario un adelanto electoral tras semejante tormenta política y que la ciudadanía expresa la valoración que todo esto le merece.

Estamos en un momento en el que han aumentado las exigencias de la ciudadanía hacia sus representantes. Esta demanda ciudadana tiene dos causas: la crisis económica y la crisis política. La crisis económica no ha convertido lo bueno en malo, no ha inventado la corrupción; lo que ha hecho es modificar nuestra percepción de las cosas públicas, aumentar sobre nosotros el efecto de lo negativo. Conductas que pasaban inadvertidas o incluso eran toleradas en épocas de bonanza, en medio de la austeridad y de las consecuencias sociales de la crisis económica, se convierten en algo insoportable. Por otro lado, hay una crisis política que se pone de manifiesto en una ciudadanía que es más crítica con sus gobernantes, que valora y juzga con mayor severidad lo que en otros momentos habría probablemente tolerado.

La regeneración democrática pasa por hacer la política de otra manera, lo que incluye un comportamiento político mucho más exigente en todo lo que tiene que ver con la gestión de lo público, más allá del código penal y la conciencia personal. No habría pasado esto en Navarra si dispusiéramos de los códigos de ética pública que rigen el comportamiento de los representantes en muchos países avanzados y alguna comunidad vecina. Cuestiones como las remuneraciones económicas, las incompatibilidades, los posibles conflictos de intereses, la honestidad y el desinterés subjetivo, la imparcialidad o la transparencia están reguladas en muchos sitios con una gran precisión y, de haber sido respetadas en Navarra no estaríamos asistiendo a este lamentable espectáculo.