eldiario.es, 02/02/2017 (enlace)

Uno de los inconveniente del escándalo que produce la corrupción es que nos hace olvidar el verdadero problema de la política, el más habitual, el que no se explica cómodamente por la conducta inapropiada de unos cuantos (o muchos), sino que tiene un carácter estructural: su debilidad, la impotencia pública a la hora de organizar nuestras sociedades de una manera equilibrada y justa. Descubrir a los culpables es una ocupación necesaria pero suele dificultar los diagnósticos, porque tendemos a pensar que el problema ya ha sido resuelto por la policía y los jueces. Si de algo podemos estar seguros es de que una política en la que no hubiera corrupción no equivaldría necesariamente a una buena política.

Si miramos las cosas con más detenimiento observaremos un problema aún más grave: la erosión de la capacidad de los países democráticos para construir un poder público legítimo y eficaz. Tenemos los casos más bien extremos de los “estados fallidos”, como los “estados cautivos” por los cárteles de la droga y el terrorismo, de estados aparentemente fuertes como Rusia, cuya soberanía está sometida al chantaje económico, o la dificultad de los países en los que tuvo lugar la llamada primavera árabe a la hora de transformar la movilización democrática en construcción institucional.

Pero la situación no es menos dramática en países de larga tradición democrática, donde la intervención de los estados para gobernar los mercados se enfrenta a numerosas dificultades que ponen en jaque su autoridad: la evasión fiscal, el peso asfixiante de la deuda, los efectos deslegitimadores de la austeridad pública, la dificultad de relanzar la actividad económica desde la intervención pública, el estado que pierde saber experto y competencia, los problemas de gobernabilidad, la incapacidad de regular, una administración desencantada y carente de visión, el estado del bienestar a la defensiva o en plena retirada, el servicio público degradado a los criterios de la gestión… Todas estas constricciones no son sino manifestaciones de la dificultad del estado a la hora de formular, representar y construir el interés general.

Puede que estemos haciendo un diagnóstico equivocado de la situación como si el origen de nuestros males fuera el poder de la política y no su debilidad. La regeneración democrática debe llevarse a cabo de manera muy distinta cuando nuestro problema es que nos tenemos que defender frente al excesivo poder de la política o cuando el problema es que otros poderes no democráticos están sistemáticamente interesados en hacerla irrelevante. Y tengo la impresión de que no acertamos en la terapia porque nos hemos equivocado de diagnóstico.

Comparto en principio todas aquellas medidas que se proponen para limitar la arbitrariedad del poder, pero no estoy de acuerdo con quienes consideran que este es el problema central de nuestras democracias en unos momentos en los que nuestra mayor amenaza consiste en que la política se convierta en algo prescindible.